A fines de febrero y principio de marzo, un ofensiva relámpago de declaraciones del gobierno y oficiales militares de Estados Unidos y expertos se abatió sobre los medios, aduciendo que México estaba alternativamente en riesgo de convertirse en un estado fallido, al borde de una guerra civil, perdiendo el control de su territorio y representando una amenaza a la seguridad nacional de los EE.UU.
En el mismo momento, se nos dice que el Presidente Calderón, con la ayuda del gobierno de EE.UU. está ganando la guerra contra la droga, debilitando notablemente al crimen organizado y restaurando el orden y la legalidad.
Ninguna de estas proclamas es verdad. En cambio, son elementos críticos a librar la hipotética guerra a la droga en México.
El doble mensaje de la guerra a las drogas impregna y define la relación Estados Unidos—México hoy en día. El discurso apunta, no a ganar la guerra contra las drogas, sino a asegurar los fondos y el apoyo público para el modelo militar de combatir el tráfico ilegal de drogas, a pesar de las pérdidas y abrumadora evidencia que las actuales estrategias no están funcionando.
Separando la realidad de la excitación inducida
México, y particularmente sus ciudades fronterizas y otros puntos clave en las rutas de la droga, tienen un serio problema. En estos lugares, la violencia caracteriza la vida diaria. Pero México no es un estado fallido. Es un trágico ejemplo de los resultados de políticas fallidas—a ambos lados de la frontera. Ambos gobiernos quieren ocultar este simple hecho.
En el pasado, asesoramientos exagerados de riesgos, ampliados por los medios y acompañados por advertencias abrumadoras al público prepararon el terreno para una intervención militar. Habitualmente se combinan hipérboles y completas mentiras, siendo el ejemplo más reciente el de "armas de destrucción masiva" en Iraq.
Aunque la intervención militar en México no está en el horizonte, las recientes exageraciones han sido acompañadas por pedidos de agrupamiento progresivo de tropas en la frontera. El gobernador de Texas, Rick Perry, voló a Washington a pedir 135 millones y 1.000 soldados. Circuló la versión de enviar más tropas de la Guardia Nacional, junto con menciones sobre una "insurgencia" en la frontera. El Gobernador del estado de Texas anunció un plan de rápida movilización en caso que México "colapsara", repleto de tanques y naves aéreas.
Luego que el saliente Jefe de la Seguridad Nacional Michael Chertoff hablara de un plan de contingencia para la frontera, los medios se preguntaron en voz alta si la nueva titular, Janet Napolitano, sería suficientemente dura. Ella respondió llamando a esta situación una "prioridad". El Secretario de Defensa Robert Gates llamó a la guerra mexicana contra la droga "un serio problema". El levantó un mar de protestas en México con su anuncio de que la desaparición de los prejuicios anti-Pentágono en Mèxico habían allanado el camino para una cooperación más estrecha. La embajada de Estados Unidos se vió forzada a emitir un comunicado declarnado que los EE.UU. no tenían intención de mandar tropas a México.
El Congreso también saltó para responder a la retórica. En ambas cámaras se han llamado a audiencias, incluyendo la Comisión de Seguridad del Senado y el Comité de Asuntos Gubernamentales presidido por el Senador Joe Lieberman (Indpendiente de Connecticut) quien, según informes en las noticias, estarán buscando "implicancias potenciales de actividad terrorista incrementada". Los Comités probablemente escucharán testimonios de personas que confirmen la amenaza percibida en términos sensacionalistas e imprecisos.
El gobierno mexicano ha respondido cabildeando contra-acusaciones. Calderón cita el papel de EE.UU. en la introducción y venta ilegal de armas, lavado de dinero y demanda de narcóticos.
Los motivos detrás de esta reciente excitación varían. Los gritos alarmistas de un colapso mexicano ayudan a confirmar la aprobación de medidas para ampliar la militarización de la frontera sur y obtener jugosos contratos para firmas privadas de defensa y seguridad. Los políticos locales están descubriendo que puede ser una vaca proveedora de dinero para ayuda federal.
La agitación de pánico sobre la infiltración de violencia desde México también surge justo cuando el Congreso considera la última cuota de la Iniciativa de Mérida, ahora incluída en la ley ómnibus de gastos. La Iniciativa de Mérida, diseñada por la administración Bush es el vehículo de 1.4 billones de dólares para reforzar la guerra contra las drogas declarada por el presidente mexicano Fellipe Calderón en el 2006. Proporciona ayuda de militares a militares para las batallas domésticas que están librando unos 40.000 soldados mexicanos e impone entrenamiento de parte de EE.UU. para prácticas policiales, forenses, penales y judiciales.
Desconstruyendo el doble discurso de la "Guerra contra las drogas"
El doble discurso permite a los arquitectos de la guerra contra las drogas justificar las respuestas militares que promueven, a pesar de sus pobres o contraproducentes resultados, y sirve para mostrar el fracaso como si fuera un éxito. El lenguaje exagerado de amenazas infantiliza a la sociedad con temor, mientras abre el camino a medidas militaristas y patriarcales.
Ahora que la excitación inducida ha tomado control de la agenda mediática y se ha abierto camino reptando hasta las percepciones del público, es importante determinar las verdaderas dimensiones y naturaleza del problema desconstruyendo el doble mensaje de la guerra contra las drogas.
Primero, los "hechos" usados para probar la tesis de que México es un estado fallido o una amenaza a la seguridad nacional son, en su mayoría, erróneos. Aquí hay algunos pocos ejemplos:
"México tuvo más muertes violentas que Irak en el 2008". El conteo de cuerpos en Irak calcula que la muerte total de civiles en 2008 fue de entre 8.315 y 9.028. El gobierno mexicano pone la cuenta de México para ese mismo año en 6.290, y esa cifra incluye las muertes de soldados y policías excluídos del conteo iraquí.
"70% de los mexicanos temen salir por miedo a los delitos". Esta estadística ha sido citada sin mencionar las fuentes. Es ridícula. En una reciente encuesta los mexicanos de toda la nación nominaron a la situación económica por encima del delito como el mayor problema en el país por un margen de dos a uno. Yo vivo en la Ciudad de México con mi familia y nuestras actividades no se han visto virtualmente afectadas.
"El gobierno mexicano ha perdido el control sobre amplias franjas del país". No se ofrecen datos para respaldar esta afirmación. Hay algunos pueblos y vecindarios donde el crimen organizado recibe pagos de negocios locales y les proveen servicios, pero eso no significa que no exista presencia del estado, y afecta a una proporción relativamente pequeña del país.
Segundo, los hechos usados para probar que la violencia mexicana se "está desbordando" la frontera—frase del día—dentro de los EE.UU., en los casos en que se muestran estos hechos son aún más engañosos.
Phoenix ahora figura clasificada segunda en el mundo en secuestros extorsivos con 366 casos, detrás de la ciudad de México con 6.000. Se supone que debemos asumir que éste es un rango per cápita pero no se nos dice de dónde proviene esta clasificación, cómo se elabora o por quién está hecha. El periodismo chapucero es importante a la hora de propagar dobles mensajes.
Más allá de la falta de fuentes para la clasificación o metodología, la inexactitud de esta afirmación reside en lo que no se dice. Según Claudine Lo Monaco, quien cubre la fuente para Arizona Public Media, la vasta mayoría de los secustros son de trabajadores indocumentados por parte de sus contrabandistas, en un intento de extorsionar a sus familias en busca de más dinero.
Esto es, ciertamente, un problema y ciertamente se trata de secuestros. Pero es un problema muy diferente al que de que se trata de un desborde de la violencia mexicana de la droga, como se lo está pintando. Aquí, otra política prohibicionista, esta vez la que prohibe seres humanos, ha creado una industria del crimen organizado que se alimenta insaciablemente de sus propias mercancías: los inmigrantes mismos. La doble atadura de las víctimas es tal vez el más acuciante ejemplo de resultados de políticas perversas de los tiempos modernos.
La cifra de 6,000 secuestros para la Ciudad de México tiene igualmente oscuros orígenes. La cifra del Instituto del Ciudadano para Estudios de Crímenes deriva de tomar el número de crímenes violentos reportados, multiplícalo por casi diez para reflejar el porcentaje supuesto de casos no reportados y después multiplícalo por .05% para separar los secuestros del resto de los delitos. Esto es una estimación adivinatoria, no un conteo.
Más aún, la estadística incluye miles de casos de un delito común que habitualmente no consideramos como secuestro. Este es el "secuestro express", raptos de 2-3 horas con el propósito de extraer dinero de los cajeros automáticos. Así que lo que realmente tenemos en esta cifra que ha sido difundida ampliamente en la prensa de EE.UU y proclamada con trompetas como prueba de la caída de México en la falta de ley, es un cálculo estimado, aumentado por el cargo más común de robo. Al desconstruir el doble mensaje de la guerra contra las drogas, es importante siempre cuidarse de las estadísticas.
Otra táctica común en los relatos periodísticos que llevaron al Senador John Mc Cain y otros a pedir audiencias y hacer declaraciones abrumadoras, es citar casos de extrema violencia en el lado mexicano. Las historias luego agregan declaraciones de que esta clase de violencia podría transpasar la frontera, sin ninguna evidencia de que lo haya hecho.
A veces, se mencionan hechos contradictorios, pero ocupan un lugar secundario respecto a la "hype" (excitación producida), que es lo que se considera la noticia real. Por ejemplo, en un artículo del New York Times titulado "Ola de Violencia por Droga está Arrastrándose dentro de Arizona desde México, Dicen las Autoridades", cerca del final del artículo se nos informa que los homicidios y crímenes violentos en el Condado Maricopa de la frontera de Arizona han disminuido en los últimos años. Unos pocos de los artículos sobre el ataque de pánico en El Paso sobre el desborde fronterizo de la violencia también se las arreglaron para mencionar que la ciudad tiene uno de los más bajos porcentajes de homicidios en el país, pero sepultaron este hecho entre una andanada de declaraciones alarmistas.
Otra evidencia usada para citar el desborde de los carteles mexicanos de la droga desafía la lógica. La Operación Xcellerator, una fuerte operativo de los EE.UU. se usa en forma retorcida como evidencia del peligro de México, cuando se trata de una red criminal de EEUU, operada por ciudadanos estadounidenses y dirigida a consumidores estadounidenses. Por supuesto, tiene conexiones con provisión extranjera, pero eso no altera la naturaleza transnacional—no mejicana—de la amenaza.
Cuando al ser interrogado, luego de dar testimonio ante el Comité de la Cámara sobre Asuntos Fronterizos e Internacionales el 23 de Febrero, el Director de Seguridad Interna, Steve Mc Craw afirmo que "Sí, (el derrame de violencia) ha ocurrido, no hay duda de ello". Pero los indicadores de este derrame que se discutieron en la audiencia, en ausencia de crímenes en aumento, incluyeron ciudadanos estadounidense tratados por lesiones sufridas en Juarez, solicitantes de asilo y amenazas contra ciudadanos estadounidenses. Ninguno constituía una verdadera infiltración criminal de México en la sociedad de EE.UU.
Estas afirmaciones y otras parecidas, aunque sin sustento, se van acumulando y forman una masa crítica para empujar un consenso público hacia la implementación de políticas peligrosas y alucinatorias—esta vez no en el distante Irak, sino en nuestro propio umbral. Como el modelo que imita—la guerra de Bush contra el terrorismo—la guerra contra las drogas en México está siendo montada sobre histerias, medias verdades, omisiones y completas falsedades.
El significado de éxito
El más evidente ejemplo de doble mensaje en la guerra a las drogas es la definición de "éxito". Aunque, supuestamente, México estaría al borde del colapso, miembros de la Administración de Obama, el Congreso y el Pentágono han declarado unánimamente el mensaje contradictorio de que desde que el Presidente Calderón lanzó su ofensiva contra el crimen organizado en Diciembre del 2006, su gobierno ha hecho grandes progresos contra el tráfico ilegal de drogas y el poder de los carteles, y que el gobierno de EE.UU. debe apoyar su guerra contra la droga.
Pero, esta afirmación no resiste un escrutinio.
El Congreso saviamente ha comenzado a fijar hitos mensurables en asignaciones para evitar los pantanos presupuestarios y militares del pasado. La Iniciativa de Mérida contiene cuatro "mediciones de desempeño": romper el poder e impunidad de las organizaciones criminales, asistir a los gobiernos de México y América Central a fortalecer el control fronterizo aéreo y marítimo, mejorar la capacidad de los sistemas de justicia de la región y reducir la actividad de pandillas en México y América Central y disminuir la demanda de drogas en la región.
En cualquier otro contexto, las mediciones de desempeño tan notablemente débiles, vagas y unilaterales serían consideradas inútiles para una evaluación real. Las mismas evitan lograr su propósito establecido, siendo tan difíciles de medir tal como están escritas y al no contener indicadores de éxito o fracaso. Dado el fracaso del similar Plan Colombia en cumplir sus objetivos como se demostró en una reciente evaluación de GAO (la Oficina de la Rendicíon de Cuentas del Gobierno), la omisión probablemente haya sido intencional.
Por ejemplo, el segundo item de la lista—ayudar a los gobiernos—no es una medida de desempeño, a menos que exportar bienes y servicios de defensa de los EE.UU. sea la verdadera meta. Mejorar la capacidad de los sistemas de justicia podría imaginariamente concebirse en tiempos más cortos en juzgados y un porcentaje más alto de condenas tras los arrestos, pero esos datos no están aún disponibles. Será interesante ver si en fecha posterior esto se resume y presenta con exactitud.
Respecto a la medida solicitando la reducción de actividad pandillera y comercio ilegal de droga, los EE.UU. excluyeron su propio mercado, que es la fuerza motora del comercio ilegal de drogas. La medida de desempeño requiere la iniciativa de mostrar una reducción en la demanda de drogas sólo en los países sureños. A pesar de los dictados del sentido común, la Iniciativa de Mérida no contiene ningunos fondos para la reducción de la demanda en los EE.UU.
Esto nos deja con el primer hito. Los indicadores comunes para reducir "el poder y la impunidad de las organizaciones criminales" lógicamente incluiría una reducción en la producción de drogas ilegales y un aumento en su confiscación, atacando así las ganancias de los carteles. También implicaría más arrestos y menos enfrentamientos violentos. Podemos comparar estas metas con los hallazgos del Informe Internacional de Estrategia para Control de Narcóticos de 2009 para ver si la primera cuota del plan de 1.4 billones de dólares está en el buen camino.
Entre 2007 y 2008 el cultivo neto de opio y cannabis en México aumentó. La producción de goma de opio, heroína y cannabis todas aumentaron. La erradicación de amapola y cannabis decreció en ambos casos significativamente desde comenzó de la guerra contra las drogas del 2006. Mientras tanto, las incautaciones de opio, heroína, metanfetaminas, cannabis y cocaína todas disminuyeron notablemente. La destrucción de laboratorios cayó casi a la mitad. Además, el informe advierte, el uso de drogas entre la juventud mexicana está en ascenso.
El modelo de guerra a las drogas mantiene que tendría que estar ocurriendo lo opuesto. De hecho, la única estadística que podría considerarse positiva en el informe es un aumento en el número de arrestos. Pero para evaluar verdaderamente esto como un progreso, deberíamos también conocer las cifras de condenas.
La conclusión de la Sección México del informe se desvanece ante sus propios datos.
"La reestructuración de las fuerzas de seguridad, unida al fuerte compromiso de las fuerzas armadas en la lucha por desmantelar las principales organizaciones del tráfico de drogas (DTO) ha probado ser efectiva. Estos esfuerzos condujeron a numerosos arrestos de narcotraficantes clave, al descubrimiento de laboratorios clandestinos de drogas, y a una dramática disminución en la importación de metanfetaminas y precursores".
Curiosamente, no se ofrecen estadísticas de esta última afirmación.
El informe es sometido a extrañas contorsiones para disfrazar la caída a la mitad de incautación de drogas ilegales como si fuera un "éxito". "Las agencias de imposición de la ley de EE.UU. atribuyen esta reducción a una mayor imposición que ha forzado a los traficantes a buscar rutas alternativas o empresas alternativas".
El informe de EE.UU. reconoce el impactante aumento en la violencia. Pero en ningún lado dice que del 2007 al 2008 las muertes relacionadas con drogas subieron a más del doble (de 2.500 a 6.290). Enfrentados con otro hecho adverso inconveniente más, el informe concluye: "El aumento de la violencia puede ser debido al éxito de la agresiva campaña anti-crimen del Presidente Calderón, quien ha desplegado ampliamente fuerzas militares en pesquisas y planes de seguridad regional, al mismo tiempo usando con más efectividad herramientas como las extradicciones".
El gobierno de EE.UU. aparece con una excusa especulativa para casi todos los pobres resultados que figuran en su propio informe. En el doblel discurso de la guerra mexicana a las drogas, el que el crimen organizado se desplace a nuevas regiones y nuevas empresas—tráfico humano, por ejemplo—es un signo positivo. La violencia es progreso. El asesinato es un indicador de éxito.
Hacia historias verdaderas y políticas corregidas
El crimen organizado no es el único actor principal en la relación EE.UU.—México. Compartimos una rica y altamente integrada relación, con intereses y desafíos comunes pero diferentes responsabilidades. Cada nación debe asumir sus propias responsabilidades, para enfrentar las muy reales amenazas transnacionales.
Una verdadera solución a la violencia de la guerra contra la droga y al poder del crimen organizado necesitaría que ambos gobiernos dejen de jugar el juego de culpar al otro y reconozcan que ese crimen transnacional es transnacional. Su crecimiento es un fenómeno de la globalización. El crimen transnacional asciende como resultado de frecuencia conveniente de cruces de fronteras que hacen imposible una verdadera inspección, sistemas financieros internacionalizados e inescrupulosos permite mover y lavar ganancias megatónicas, y otros sub-productos de la globalización. Los mecanismos de cooperación son necesarios, pero señalar con el dedo a México es un grave error.
Segundo, ambos países necesitan cortar los contratos con contratistas de defensa y compañías de seguridad privadas para obtener patronazgo político, e ingresar el factor salud pública a la ecuación. La tendencia a tratar drogadictos como pacientes, no criminales, y a enfrentar el comercio ilegal de drogas al menos en parte a nivel comunitario a través de programas de rehabilitación, prevención y reducción de daño está extendiéndose por el mundo. Mientras tanto, la guerra a la droga de México nos mueve en una dirección completamente opuesta.
Tercero, un nuevo enfoque significa abrir el debate a todas las opciones, incluída la legalización. En la mayoría de las veces, esta opción ha sido rechazada de plano en las discusiones en los EE.UU. como inoportuna, no-viable o inmoral. Es hora de ponerla nuevamente en la mesa, con estudios serios sobre potenciales impactos, positivos y negativos, de un fin selectivo a las leyes prohibicionistas.
Esto es exactamente lo que propone la Comisión Latino Americana sobre Drogas y Democracia, conducida por los expresidentes y guerreros anti drogas Fernando Enrique Cardoso de Brasil, César Gaviría de Colombia y Ernesto Zedillo de México. En un reciente informe emitido, ellos califican a la guerra contra las drogas como un fracaso y piden un "cambio de paradigma".
Los autores declaran: "La traumática experiencia colombiana es una útil referencia para que los países no cometan el error de adoptar las políticas prohibicionistas de los EE.UU. y que avancemos en la búsqueda de alternativas innovadoras". Ellos sugieren que México, "epicentro de actividades violentas" podría tomar el liderazgo para alentar un debate global sobre las actuales políticas del gobierno estadounidense e invitar a Europa y los EE.UU. a tomar seriamente el desafío de reducción de la demanda.
Laura Carlsen
