Las AFJP no cumplieron con la inversión mínima que les exige la ley en proyectos de infraestructura productiva, a los que debían haber destinado al menos un 1% de sus carteras antes del viernes pasado. Por eso, y a pocas horas del debate parlamentario del proyecto que las borra del mapa previsional, la superintendencia que las regula planea aplicarles una multa que rondaría los 200 mil pesos para cada una. Así se lo confirmó a Crítica de la Argentina el titular de la ANSES, Amado Boudou. En paralelo, se oficializó en el Boletín Oficial la intimiación para que repatrien u$s550 millones antes del viernes. La presidenta Cristina Fernández atacó por otro ángulo y desestimó los lineamientos alternativos que presentaron las administradoras.
“Hoy leí una nueva propuesta para reducir comisiones de las AFJP. ¿Por qué ahora, después de catorce años? Ésa es la gran pregunta que todos los argentinos nos hacemos”, señaló la mandataria en un acto en el partido de Merlo.
“Ésas son confirmaciones en el camino de las decisiones tomadas que no son para un grupo de argentinos, sino para todos”, dijo la Presidenta antes de volver a defender la iniciativa oficial que está en el Congreso.
Por otra parte, viene la sanción monetaria.
La obligación de invertir en proyectos públicos o privados de infraestructura fue fijada por la misma ley que habilitó el año pasado la libre opción entre el régimen estatal de reparto y el de capitalización. Según la norma, las administradoras debían colocar entre un 5 y un 20% de los fondos de sus afiliados en ese tipo de proyectos antes de 2012. El cronograma que se fijó estipulaba un mínimo del 1% adicional por año y el primer plazo se venció el viernes, con el fin de octubre.
En la Superintendencia de AFJP aseguran que las administradoras apenas superaron la mitad de lo que se suponía que aplicarían de sus carteras en esas iniciativas, comprendidas en el “inciso q” de su menú de inversiones. El último informe oficial incluye en ese inciso sólo 482 millones de pesos, un 0,56% del total contenido en las cuentas de capitalización. Inicialmente se esperaba que fluyeran unos mil millones anuales.
Las administradoras aseguran que no había proyectos en el país que cumplieran con los requisitos de rentabilidad que la propia normativa oficial les fijaba. Pero para Boudou, “lo que no tienen es ganas de poner la plata para lo que hace falta, que además les podría haber generado buenos dividendos a los futuros jubilados”.
El jefe de la ANSES, a cargo temporalmente de la superintendencia, opinó que “si no les vinieron a ofrecer un instrumento para invertir en eso, tendrían que haber ido a buscarlo en el mercado o generarse la oportunidad”. A su juicio, podrían haber aportado a obras como las de los caminos rurales del Ministerio de Planificación, el gasoducto del Norte que ideó Techint para traer gas de Bolivia o el proyecto para encauzar el río Salado.
Las AFJP sólo aportaron $18,2 millones a un proyecto para financiar obras en la localidad cordobesa de Río Cuarto. Y a mediados de este año pusieron otros $463,5 millones para comprar obligaciones negociables emitidas por la empresa Repsol, que cubrió así una parte de sus desembolsos en el yacimiento neuquino de Loma de la Lata, la cuenca gasífera más grande del país.
En la Unión de AFJP aseguran que la superintendencia les exigía requisitos imposibles de cumplir y que los menúes de inversiones fijan máximos en todo el mundo, pero casi nunca mínimos. El flamante gerente general del organismo de contralor, Sergio Chodos, dijo a Crítica de la Argentina que “las certificaciones se otorgaron en todos los casos en que se pidieron”. Y precisó que se trataba de un trámite técnico, que no implicaba que el Estado prestara su acuerdo a la realización de las obras.
“Lo que prueba esto es que el sistema de capitalización no sólo es negativo para sus afiliados sino también para el país. No puede contribuir al desarrollo de la economía real ni siquiera con un 1% de sus activos”, opinó Chodos.
Por último, en el Boletín Oficial se publicó la resolución 191 que obliga a las empresas a traer al país alrededor de 550 millones de dólares invertidos en países del Mercosur, dentro de los próximos tres días hábiles.
La norma establece que “en el actual contexto de crisis financiera internacional, deben extremarse las medidas para que el ahorro de los argentinos impulse proyectos productivos o de infraestructura dentro del territorio nacional”.
“Hoy leí una nueva propuesta para reducir comisiones de las AFJP. ¿Por qué ahora, después de catorce años? Ésa es la gran pregunta que todos los argentinos nos hacemos”, señaló la mandataria en un acto en el partido de Merlo.
“Ésas son confirmaciones en el camino de las decisiones tomadas que no son para un grupo de argentinos, sino para todos”, dijo la Presidenta antes de volver a defender la iniciativa oficial que está en el Congreso.
Por otra parte, viene la sanción monetaria.
La obligación de invertir en proyectos públicos o privados de infraestructura fue fijada por la misma ley que habilitó el año pasado la libre opción entre el régimen estatal de reparto y el de capitalización. Según la norma, las administradoras debían colocar entre un 5 y un 20% de los fondos de sus afiliados en ese tipo de proyectos antes de 2012. El cronograma que se fijó estipulaba un mínimo del 1% adicional por año y el primer plazo se venció el viernes, con el fin de octubre.
En la Superintendencia de AFJP aseguran que las administradoras apenas superaron la mitad de lo que se suponía que aplicarían de sus carteras en esas iniciativas, comprendidas en el “inciso q” de su menú de inversiones. El último informe oficial incluye en ese inciso sólo 482 millones de pesos, un 0,56% del total contenido en las cuentas de capitalización. Inicialmente se esperaba que fluyeran unos mil millones anuales.
Las administradoras aseguran que no había proyectos en el país que cumplieran con los requisitos de rentabilidad que la propia normativa oficial les fijaba. Pero para Boudou, “lo que no tienen es ganas de poner la plata para lo que hace falta, que además les podría haber generado buenos dividendos a los futuros jubilados”.
El jefe de la ANSES, a cargo temporalmente de la superintendencia, opinó que “si no les vinieron a ofrecer un instrumento para invertir en eso, tendrían que haber ido a buscarlo en el mercado o generarse la oportunidad”. A su juicio, podrían haber aportado a obras como las de los caminos rurales del Ministerio de Planificación, el gasoducto del Norte que ideó Techint para traer gas de Bolivia o el proyecto para encauzar el río Salado.
Las AFJP sólo aportaron $18,2 millones a un proyecto para financiar obras en la localidad cordobesa de Río Cuarto. Y a mediados de este año pusieron otros $463,5 millones para comprar obligaciones negociables emitidas por la empresa Repsol, que cubrió así una parte de sus desembolsos en el yacimiento neuquino de Loma de la Lata, la cuenca gasífera más grande del país.
En la Unión de AFJP aseguran que la superintendencia les exigía requisitos imposibles de cumplir y que los menúes de inversiones fijan máximos en todo el mundo, pero casi nunca mínimos. El flamante gerente general del organismo de contralor, Sergio Chodos, dijo a Crítica de la Argentina que “las certificaciones se otorgaron en todos los casos en que se pidieron”. Y precisó que se trataba de un trámite técnico, que no implicaba que el Estado prestara su acuerdo a la realización de las obras.
“Lo que prueba esto es que el sistema de capitalización no sólo es negativo para sus afiliados sino también para el país. No puede contribuir al desarrollo de la economía real ni siquiera con un 1% de sus activos”, opinó Chodos.
Por último, en el Boletín Oficial se publicó la resolución 191 que obliga a las empresas a traer al país alrededor de 550 millones de dólares invertidos en países del Mercosur, dentro de los próximos tres días hábiles.
La norma establece que “en el actual contexto de crisis financiera internacional, deben extremarse las medidas para que el ahorro de los argentinos impulse proyectos productivos o de infraestructura dentro del territorio nacional”.
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