"Ninguna asociación ilícita es tan burda como la ideada por Kirchner"

Clase política y política criminal
Inseguridad, sin profundidad ni seriedad. El autor de esta nota, ex camarista federal, refuta el nuevo discurso oficial que responsabiliza a los jueces por la ola de robos violentos. Gabriel Cavallo.

La hipocresía de la clase política argentina no tiene límites. Sería ocioso abundar en ejemplos que caractericen esa definición, pero sí quiero detenerme especialmente en una de las últimas muestras de esta afirmación. Se ha discutido en los últimos días sobre la responsabilidad de los jueces penales respecto de la inseguridad, percibida a partir de los hechos de violencia que han sido noticia en los últimos tiempos.En ese tren, hemos escuchado y leído reproches de funcionarios y ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, gobernadores, intendentes, legisladores y otros actores de la política nacional dirigidos a “los jueces”, criticándolos o bien muy genéricamente y sin profundizar, o bien por la vía opuesta, generalizando a partir de alguna decisión específica, única y aislada (en ambos casos, llegando siempre al mismo resultado: una absoluta falta de profundidad y seriedad en la crítica). Un ejemplo de ello es la actitud escandalizada que se genera ante el goce de la libertad ambulatoria durante un proceso penal en trámite de personas que supuestamente han delinquido.Con base en esa crítica liviana pero efectista, se acusa a “los jueces” de “excesivo garantismo”, de ser responsables de que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por la otra”, de indolencia, de incumplimiento de sus funciones, y de tantas otras miserias. Incluso presenciamos atónitos un incipiente “debate” (el concepto le queda grande) en torno a la disminución de la edad de imputabilidad del Código Penal, como si la reducción de una condición para la aplicación de la pena fuera la solución a los problemas de inseguridad de la población argentina. La idea de que existe una solución mágica única y sencilla, casi mecánica (como el mero ajuste de un tornillo media vuelta a la izquierda o la derecha), a graves y complejos problemas parece ser una tentación irresistible para nuestra clase política. Y es también la principal razón de su permanente fracaso. Ante este hipócrita discurso sólo cabe responder objetivamente y buscar con honestidad la mejor descripción de las cosas.En sociedades como las nuestras, en las que existen ciudades donde conviven millones de personas, la problemática de la seguridad es mucho más compleja de lo que estos superficiales discursos enuncian. En estas ciudades, la población convive con una tasa de criminalidad determinada, originada en una combinación amplia y variada de factores, que precisamente por ello resulta muy difícil de reducir apelando simplemente al discurso. Para ello, la clase política, y en particular quienes ocupan cargos en el Poder Ejecutivo (pero también en el Poder Legislativo), tiene dos instrumentos esenciales para atacar esa combinación de factores: la política social y la política criminal. La primera es compleja, multifacética, prolongada en el tiempo (necesita ser prolongada), requiere una visión de largo plazo, perseverancia y conciencia. Es la que, a largo plazo, mejores resultados trae. No me detendré aquí en referirme a la política social de este y otros gobiernos, lo que daría para páginas enteras de análisis; me conformaré con decir lo que muchos intuyen: que nuestro país hace rato que carece de una política social seria, que no se limite a ser un instrumento politiquero de corto plazo y que sea seriamente articulada.Sí me ocuparé de la segunda, ya que no importa cuán exitosa sea una política social, siempre habrá (en todas las sociedades sucede) una tasa determinada de criminalidad, aunque sea baja. Allí es donde aparece la política criminal. Y en ese sentido señalo que una de las principales deficiencias de nuestra clase política es la ausencia de política criminal. No es este gobierno (ni los anteriores) el responsable exclusivo de la ausencia de política criminal, pero sí es el beneficiario de ella.En todas las sociedades serias, la política criminal está en manos del Poder Ejecutivo (nacional, provincial o municipal, en sus diferentes competencias o grados). En países federales como el nuestro, es el procurador general quien, como cabeza del Ministerio Público Fiscal, debe trazar los lineamientos derivados de lo que el Poder Ejecutivo interpreta como reacción penal adecuada, tratando, como en toda clase de política estructural, de seguir una línea de coherencia en el tiempo. Este diseño no se hace en compartimientos estancos: incluye la coordinación con fuerzas de seguridad e inteligencia, es decir, implica una articulación imprescindible entre ellos.Nada de esto sucede en la Argentina. El procurador general, por aplicación del art. 120 de la Constitución Nacional (luego de la reforma de 1994), no depende del Poder Ejecutivo sino que es un organismo extrapoder, lo que es lo mismo que decir que no es nada. Más allá de su ubicación institucional, tampoco hace esfuerzos para fijar criterios de actuación o de coordinación con otras instituciones. El poder político tampoco es capaz de procurar esta política interactuando con el Ministerio Público. Más bien, disimula su absoluta carencia de política criminal trasladando la culpa del fracaso a los jueces. Y con ello no sólo pretende lavar su culpa, sino que contribuye todavía más a la confusión generalizada acerca de los roles institucionales, denigrando aún más la escasa formación verdaderamente republicana de nuestra Nación. Veamos:Los jueces actúan en los casos luego de que los hechos sucedieron. No está entre sus facultades y funciones “prevenir” el delito futuro. Menos todavía les corresponde fijar una política criminal que, como dijimos, no existe. El deber de los jueces es solamente (y ya esto es demasiada responsabilidad) aplicar la ley, según una interpretación responsable y respetuosa de la Constitución nacional y los tratados internacionales que la integran. Cuando se acusa a los jueces de “excesivo garantismo” no se hace más que revelar la ignorancia de quien acusa, ya que no existe el “garantismo”; los jueces aplican la Constitución nacional y sus leyes derivadas, o prevarican. No se hace justicia cuando “se mete preso” a alguien, se hace justicia cuando se produce una condena contra una persona que ha sido juzgada bajo las normas que corresponden y en estricto respeto de los derechos individuales por parte de los jueces. En consecuencia, pedir a los jueces que no apliquen la Constitución es pedirles que delincan.Cuando se acusa a los jueces de ser responsables de la libertad de personas que supuestamente han delinquido, se desconoce por un lado el principio de inocencia, consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución nacional y, por el otro, las leyes que reglamentan el ejercicio de esos derechos. Se pide que los jueces delincan.Cuando se acusa a los jueces de indolencia o de incumplimiento de sus funciones por el fracaso de las investigaciones o de los estándares que el poder de turno o la sociedad exige, se desconoce que los magistrados no son responsables de ello. Es importante entender que los jueces no investigan; que la investigación está en manos de otras instituciones como los fiscales (muchas veces), las policías, el servicio de inteligencia nacional (que tiene, por ejemplo, el monopolio de las intervenciones telefónicas), peritos, auxiliares de todo tipo, y otras tantas. Los jueces no son detectives: no están en la calle, no escuchan a los soplones. No deben hacer otra cosa que mantenerse equidistantes ante la marcha de una investigación, porque los jueces deben preservar su imparcialidad y su objetividad.Cuando se pretende hacer responsables a los jueces de permitir que las personas salgan en libertad o del fracaso de las investigaciones, no se hace más que equivocar el blanco y, por lo tanto, errar el tiro. Y esto es lo que le conviene a la clase política argentina.Es más fácil y más barato para los miembros de los distintos poderes ejecutivos acusar a los jueces (quienes incluso no pueden defenderse sin que exista el riesgo de ser apartados de la investigación) de la “inseguridad” que provocan sus decisiones que hacerse responsables de la ausencia de una política criminal que, de existir, pondría en evidencia las deficiencias en el sistema y echaría luz sobre la individualización de quienes deben responder ante la sociedad por su fracaso.Siempre es más útil acusar a una masa anónima de funcionarios públicos (en este caso, “los jueces”) de las ineptitudes propias, evitando pagar los costos políticos de ello.Cuando se exige un nuevo tratamiento penal de la minoridad, nuevamente la clase política trata de buscar un responsable en quien no lo es, subvirtiéndose valores sociales de muy importante grado. Se desconoce que los menores deben tener un tratamiento distinto al de los mayores, se desconocen todas las normas internacionales que protegen sus derechos, las normas generales sobre la capacidad, que necesariamente repercuten sobre la posibilidad de considerar que existe comprensión de la criminalidad de los actos, así como la problemática social en la que todo esto se inscribe, obviando así que es responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo establecer mecanismos de protección para los menores en lugar de estigmatizarlos como delincuentes sin remedio. Y, lo más importante, se provoca un daño mayor del que supuestamente se pretende solucionar.Por ello, entiendo que es hora de dejar de confundir el deseo con el análisis. Todos queremos una sociedad más justa y que sus habitantes tengan la seguridad necesaria para desarrollarse plenamente en libertad. Pero no es desviando responsabilidades propias hacia “los jueces”, exigiéndoles que brinden respuestas para las cuales carecen de herramientas, como vamos a conseguirlo. Por el contrario, es exigiendo a nuestros dirigentes que asuman la responsabilidad política de decir la verdad, como primera medida, y de establecer las políticas necesarias para llegar a tal fin, lo que implicará la erogación de mayores recursos económicos y humanos en el trazado de una política criminal acorde con la demanda que la sociedad toda, incluidos “los jueces”, reclama.

PRIMICIA
Una mala noticia: no para La Rotativa
Me peleé con presidentes y ministros, hice cientos de denuncias, pero la pelea más sucia y miserable es la que se planteó con el show bussiness. Jorge Lanata.

Y yo que pensaba que, a los 48, casi nada más iba a sorprenderme. Me he peleado con varios presidentes en ejercicio, desalojamos a algunos ministros de sus cargos, hicimos cientos de denuncias comprometedoras, pero la pelea más sucia, más miserable, más pequeña es la que se planteó con el show bussiness. Simplemente algunos “críticos” no soportaron verme en una temporada en el teatro. Entonces pasó de todo: desde notas críticas antes del estreno hasta crónicas anónimas y malintencionadas comparando la recaudaciones del Maipo con las de Les Luthiers: esto es, una obra casi diaria con un especial anual en una sala de tres mil personas. Cuando advirtieron que lo de las plumas era una broma comenzaron a decir que me faltaba actualidad, que era aburrido, que no había coherencia en el espectáculo. No hizo falta mucha sagacidad para darme cuenta de que casi nadie habló del espectáculo: desgraciadamente, estaban, están hablando de mí. Los mismos que, cuando quieren ser políticamente correctos, se llenan la boca con la vulgaridad del teatro de revistas, se quejan cuando allí se habla de historia, o de política, o de actualidad en serio.Palos porque bogas y palos porque no bogas. Alguna vez me dijo Guillermo Alfieri que uno es del tamaño de los enemigos que elige. Es una lástima: mis recientes enemigos son casi enanos. Escuché las críticas de Beto Casella o de Teto Medina, el primero un periodista bastante mediocre y oportunista, el segundo un personaje con el coeficiente intelectual de un mono en estado de coma, intérprete de “Mi chica de humo/ Mi chica de humo. Y yo que sé/donde va, donde vive/y todo está mal/ y siempre es igual”. Los enanos, sin embargo, gritan, y entre el murmullo general se los advierte: en las últimas dos semanas se publicaron al menos cuatro noticias completamente falsas sobre mí o sobre La Rotativa del Maipo. La última colmó mi vaso: ayer Perfil.com, Primiciasya y otros portales me extendieron el certificado de defunción: afirmaron, sin consultar jamás con fuente alguna, que la obra se levantaría."La decisión se tomó el fin de semana", afirmaron. Las radios levantaron a internet por supuesto sin chequear una palabra, y en menos de una hora el público se enteraba del “fracaso de Lanata”. En el caso de Perfil, es curioso que Darío Gallo ni siquiera haya consultado con Jorge Fontevecchia que el sábado dedicó la contratapa del diario a la obra, en términos muy elogiosos. Quizá Jorge hubiera podido ayudarlo. Pero claro, tampoco Gallo está hablando de la obra. Se trata de que yo fracase.Cerca de los cincuenta y con más de treinta de profesión, debo confesar que le he perdido el miedo al fracaso. Eso es lo que me ha permitido, a veces, tener éxito. Nadie tiene, nunca, la vaca atada. Me han criticado cuando Argentinos vendió cuatrocientos mil ejemplares por ser “demasiado” popular, entonces, me llamaban “divulgador”, con cierto desprecio, los mismos tipos que nunca tuvieron más de mil lectores. Me contaban el otro día en el teatro algo insólito: en general los diarios no publican críticas a las revistas, a excepción de la temporada en Mar del Plata. Parece que no lo hacen para no pegarles; se acepta tácitamente que es un género berreta y para que pelearse, ¿no?. Nunca hubo tantas críticas ni tanta prensa a una revista como durante mi desembarco en el Maipo. ¿Estarían hablando de la obra? Ahora hablarán de mi soberbia, y dirán que no soporto la crítica. Dirán que falta esto, o sobra lo otro, que no alcanza aquello y que excede lo demás.Lamento decirlo de este modo, pero quiero que se miren al espejo, y que piensen un poco más en ustedes y menos en mí.¿Y el público? ¡Vituperado por la crítica e ignorado por el público! No, al contrario. Los que vienen al Maipo aplauden, se van contentos y recomiendan la obra a sus amigos. Eso es lo que me permite escribir estas líneas y estar allí de miércoles a domingo, todas las noches. A los demás quiero darles, entonces, una mala noticia: harían bien en chequear sus datos, La Rotativa del Maipo, tal como se dijo siempre, seguirá hasta el 21 de diciembre y volverá el 9 de enero hasta fines de marzo. Con el viento en contra y el público a favor.

Elisa Carrió, reiteró sus acusaciones contra el ex presidente Néstor Kirchner por hechos de corrupción cometidos desde el Gobierno.Carrió confió que la denuncia contra el santacruceño podrá prosperar, aunque no quiso avanzar sobre los plazos judiciales. “Usted sabe que los jueces cambian de acuerdo a la debilidad o la fortaleza de los gobiernos”, opinó durante una entrevista a radio América.La dirigente opositora admitió que mientras se desarrolle el gobierno de Cristina Kirchner difícilmente sea investigado su esposo, Néstor Kirchner, en base a la denuncia que le efectuó ayer por "asociación ilícita", pero afirmó que "mañana, tal vez" sí sea juzgado, porque "lo queremos preso y devolviendo el dinero".Al ser cuestionada sobre la viabilidad de la investigación judicial, la directiva de la Coalición Cívica respondió: “Por supuesto que sí. Un juez independiente la lleva y estaría ordenando la investigación”. “Si los fiscales cumplieran con su deber, debieran haberlo investigado antes”, agregó.Carrió dijo sentir "una tranquilidad absouta" luego de haber planteado una denuncia no sólo contra el ex presidente, sin otambién para su mnistro de Planificación, Julio de Vido, y otros funcionarios, por presuntas maniobras de fraude."No sabe la cantidad de gente que aporta pruebas y está decidida a declarar" en la causa contra Kirchner, dijo Cariró, quien consideró a esa colaboración como "marvilosa".“Entiendo que los otros no acompañen, porque este tipo de denuncias y este tipo de verdades nos tocó decirlas a nosotros siempre, ante la cobardía de los demás”, aseguró.La líder de la Coalición Cívica mencionó a las empresas Palma, Austral, Gancedo y “Gotti, cuyo testaferro es Lázaro Báez”, como las gestoras de las prácticas fraudulentas, con el aval oficial.También mencionó al ex jefe del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti, sobre quién aseguró “pedía 10 o 15% de comisión y esa es la valija de Venezuela”.Además, apuntó sobre “todas las concesiones petroleras adjudicadas a los testaferros de Kirchner y todo lo de (el secretario de Transporte Ricardo) Jaime”. “Ninguna asociación ilícita en el mundo es tan burda como la ideada por Kirchner”, remató.“La situación de (el gobierno de Carlos) Menem es distinta, porque se robaba por ministerio, en cambio acá todos roban para un jefe, que es Kirchner. Es más, Julio De Vido es un empleado del 10 por ciento”, consideró.